Ciudad de México –   Los gobiernos han empezado a apoyarse cada vez más en el expertise de algunos despachos de abogados en temas de política internacional. Esto es una simple consecuencia de la judicialización que ha devenido en las relaciones internacionales durante las últimas décadas. La explosión y la multiplicación de tribunales y cortes internacionales para la solución pacífica de controversias es tal que, por lo general, es muy difícil que un gobierno tenga los recursos y la capacidad humana suficientes para desenmarañar la complejidad de las nuevas regulaciones para defenderse en ellas. Inclusive, estos despachos, en algunos casos, tienen un mejor acceso y de mayor calidad a las fuentes de información que muchos diplomáticos experimentados. De ahí que su papel y su injerencia en las posturas gubernamentales de política internacional continúen creciendo.

Por lo general, mientras menos recursos tenga un gobierno, más libertad tendrá el despacho para articular elementos esenciales a la política internacional. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en temas comerciales en los que las reglas de la Organización Mundial del Comercio tienden a rayar en lo técnico. Son muy pocos los gobiernos que llegan a representarse a sí mismos durante una disputa, ya que los recursos y la experiencia son escasos. Pero no necesariamente con países menos desarrollados solamente suele suceder esto. Uno de los ejemplos más claros es el del despacho de abogados de Estados Unidos, Arnold and Porter LLP, que supuestamente se vio involucrado en el derrocamiento del presidente Manuel Noriega en Panamá; el despacho en algunos momentos trabajaba directamente con el gobierno de Estados Unidos, pero otras veces tomaba la iniciativa por sí mismo. Estos despachos son considerablemente poderosos e influyentes y prefieren actuar tras bambalinas y dejar que alguien más dé la cara al público.

En un plano más tradicional, los despachos de abogados son empleados por los Estados como herramientas que les permiten influir a través de las cortes nacionales en la interpretación de la legislación doméstica de terceros Estados. Quizás el ejemplo por excelencia sea la intervención que se realiza a través de la figura de la protección consular. De conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, una de las funciones de los cónsules es tomar las medidas convenientes para que sus connacionales se encuentren representados ante los tribunales. En este tenor, dado que el Derecho internacional lo permite, los Estados colaboran estrechamente con abogados para desarrollar un litigio estratégico que les permita incidir de manera directa en aquellas políticas domésticas que consideren negativas a sus intereses.

Fragmento cortesía de  El  Mundo del Abogado  por  Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo

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