Ciudad de México-  El acceso a la justicia es un derecho reconocido tanto en nuestra constitución como en diversos tratados internacionales de los que México es parte y se resume como el que cualquier personas pueda acudir ante los tribunales con el fin de ejercer sus derechos.

No obstante el reconocimiento de este derecho, se ha observado qué únicamente las personas de cierto sector tienen acceso a él, debido a la disparidad económica existente en nuestro país. Ante esto, el gobierno mexicano ha establecido defensorías de oficio para satisfacer las necesidades legales de las personas que carecen de recursos para pagar un abogado particular. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar una atención jurídica de calidad para todas las personas.

Por lo anterior, y conscientes del rol que la profesión legal tiene y de su gran responsabilidad en impulsar un sistema jurídico justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos se han sumado esfuerzos para impulsar el trabajo pro bono.

Desde esta perspectiva, se firmó la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano, la cual entró en vigor el 8 de julio de 2011, y que define al trabajo pro bono como “prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que benefician principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y las organizaciones que las asisten. Estos pueden incluir la representación y asesoría de personas, comunidades u organizaciones en temas de interés público, que de otra manera no las obtendrían de manera efectiva “.  

Con información de Sin Fronteras.

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