Son muchas las dudas y preguntas que giran en torno a la expresión “trabajo pro bono“, que hacen que su práctica e integración cultural no esté siendo lo rápida que a muchos nos gustaría. Espero pues con esta breve entrada traer un haz de luz al asunto y animar a cualquier persona de cualquier profesión a que lo experimente, si bien me centraré en la profesión de abogado.

Esencialmente el pro bono consiste en poner tu talento o experiencia profesional al servicio de una cuestión de utilidad pública o del necesitado. Es un latinismo, abreviación de “pro bono publico” que significa “por el bien público“, “por el bien común” o “en beneficio de la sociedad“. Por tanto quien realiza trabajo pro bono está contribuyendo al bien de todos y/o de aquellos más necesitados, pero además obtiene una recompensa personal incalculable a la vez que puede crecer profesionalmente afrontando nuevos retos.

En el sector de la abogacía el trabajo pro bono es el alma de la Responsabilidad Social de la Abogacía –RSA-. En España entendemos el trabajo pro bono de abogados como los servicios jurídicos gratuitos prestados de forma voluntaria y sin ánimo de lucro en beneficio de colectivos vulnerables o personas necesitadas o por el bien común. Si retrocedemos unos siglos atrás, a la época de la Roma Clásica, comprobaríamos que los abogados ya tenían un destacado rol social ocupándose de promover la tutela judicial efectiva y de auxiliar al necesitado. Lo cual nos confirma que para los abogados el trabajo pro bono no se trata de algo nuevo, sino de una oportunidad de continuar contribuyendo al progreso social.

¿Y qué pueden hacer los abogados a través del trabajo pro bono? En España, el trabajo pro bono convive y complementa las prestaciones públicas de acceso efectivo a la justicia (asistencia y orientación jurídica gratuita de los colegios profesionales), de modo que sus tentáculos llegan a la orientación, asesoramiento y formación jurídica a entidades sin ánimo de lucro –ENL- sobre sus principales responsabilidades legales, pasando por la defensa de derechos humanos de colectivos vulnerables, hasta la elaboración de informes o guías jurídicas o el asesoramiento en litigios estratégicos.

Con información de Diario Responsable

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